Aquí ¡ya no se fuma!

Una ley considerada por muchos demasiado restrictiva, ya en vigor. Y que ha sido protagonista indiscutible en los últimos meses de debates y exposiciones en los medios de comunicación, en foros y, por supuesto, en la calle. Con su entrada, la polémica sólo ha hecho crecer. Saber cómo hemos llegado hasta aquí y cómo actuar es lo que queremos exponer. 

Centan las crónicas que fue Rodrigo de Jerez, tripulante de la Santa María en el viaje del descubrimiento, el primer europeo que consumió tabaco, trayendo consigo este hábito a su vuelta de América. Desde entonces, el tabaco (y el alcohol) han acompañado siempre a los grandes banquetes y celebraciones populares erigiéndose como auténtica “costumbre social” omnipresente en las sobremesas, veladas y reuniones sociales de todo tipo.

Fumar en la historia
La proliferación del cultivo, la producción industrial, la distribución masiva y la superación de las últimas barreras culturales -en especial la incorporación generalizada de la mujer al consumo de tabaco tras la Segunda Guerra Mundial- han convertido al hábito de fumar en un “hecho universal”. Lamentablemente, la brevedad de estas páginas y el enfoque jurídico del presente artículo hacen obligado prescindir de los ricos matices sociológicos, económicos, culturales que conforman la apasionante historia del tabaco para centrarnos en la actual regulación normativa de su consumo y, especialmente, aquello que afecta al sector de la restauración.
Pues bien, la relación entre Ley y tabaco en nuestro país termina –paradójicamente- del mismo que en comenzó hace más de quinientos años: con la prohibición de fumar.
Lejos han quedado, afortunadamente y por razones obvias, los siete años de cárcel con que la Inquisición castigó al buen Rodrigo por el “diabólico” acto de expulsar humo por la boca y la nariz pero es igualmente cierto que el legislador español ha completado en poco más de dos décadas un proceso de proscripción del tabaquismo, terminando “de facto” con el fumar como hábito o costumbre social y, por lo que hace al sector de la restauración, expulsando a los fumadores de bares, restaurantes y locales de ocio, todo ello bajo la amenaza de importantes sanciones.

Antecedentes próximos
Como ya se ha avanzado, la prohibición de fumar en todos los espacios públicos que entró en vigor el pasado día 2 enero de 2011 es la culminación de un proceso cuyo arranque podemos fijar, a efectos prácticos, en el Real Decreto 709/1982 de 5 de marzo. Esta norma introdujo cambios que, hoy nos parecen obvios, incluso ingenuos, pero que en su día supusieron importantes transformaciones; entre ellos la prohibición de la publicidad en televisión (si bien la supresión definitiva tardaría aún en llegar); la obligatoriedad de  indicar el contenido en nicotina y alquitrán, los primeros y tímidos mensajes sobre los peligros del tabaco en las cajetillas; la prohibición de vender tabaco a menores de 16 años; la necesidad de habilitar espacios para fumadores en centros sanitarios y docentes; la creación de zonas de fumadores en autobuses y trenes, etc.
El siguiente hito lo constituye el Real Decreto 192/1988 de 4 de marzo, sobre limitaciones en la venta y uso del tabaco. Esta disposición resulta interesante por dos razones principales: por primera vez de un modo claro el legislador aborda el tabaquismo desde la perspectiva puramente sanitaria, dictándose la norma en desarrollo de la Ley General de Sanidad de 1986; y en segundo lugar introdujo el típico “cartel informativo” que todo fumador es capaz de “visualizar” sin problema. El citado Real Decreto aumentó el tamaño de los avisos en la cajetillas y sobre todo, se prohibió definitivamente fumar en centros sanitarios, en cualquier área laboral donde trabajen mujeres embarazadas, en centros docentes (incluidas las aulas universitarias con el correspondiente “revuelo”), salas de lectura y exposiciones, bibliotecas, ascensores y prácticamente en la totalidad e los cines y teatros…..

Normas y más normas
En los años siguientes, se sucedieron normas de diverso rango y alcance restrictivo (entre ellas el RD 1293/1999 que acabó definitivamente con la posib